El crecimiento de la recaudación tributaria nacional del 72,2% de marzo se correspondió con una suba aún mayor de las transferencias a las provincias por Coparticipación Federal de Impuestos, con una suba nominal del 73,5% y real (deducida una inflación estimada del 41,5%) del 22,6%
Ese buen desempeño en las transferencias es uno de los fundamentos por lo que el Gobierno nacional “ya ha anunciado que durante este año no habrá lugar para programas de financiamiento masivo a provincias a través de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y/o FFDP (Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial), tal como sucedió en 2020”, destacó en ese aspecto la consultora Aerarium.
Los principales impulsores de la suba de las transferencias a las provincias fueron la aceleración de la tasa de inflación (con su impacto en la recaudación de IVA y Ganancias), así como la baja base de comparación que representó marzo de 2020, en el inicio de la cuarentena estricta.
Esa situación se repetiría con mayor intensidad en abril, si se tiene en cuenta que el año pasado fue el primer mes completo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. No obstante, el retorno parcial a algunas restricciones después del DNU 235/21 “amortiguaría el efecto de la menor base de comparación”, acotó la consultora dirigida por Paulino Caballero y Guillermo Giussi.
A partir del año en curso, los recursos destinados a CABA por Coparticipación pasaron a ser equivalentes al doble de lo que se le otorga a Tierra del Fuego (cuya población es veinte veces menor), la mitad de lo que se le asigna a Chaco, Entre Ríos o Tucumán y nueve veces menos que lo percibido por la provincia de Buenos Aires.
El tratamiento que recibe la Ciudad de Buenos Aires dentro del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos es diferente al del resto del país debido a que cuando se sancionó la ley 23.548, en enero de 1988, la entonces Capital Federal no contaba aún con autonomía, al igual que el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La ley establece dos instancias en el reparto de recursos: la distribución primaria, que indica los porcentajes asignados a la Nación y a todas las provincias, y la secundaria, que dentro de estas últimas precisa cuánto le corresponde a cada una.
Tierra del Fuego alcanzó la autonomía en 1991 y la Ciudad de Buenos Aires en 1996, pero su tratamiento en cuando a la asignación de recursos coparticipables no fue el mismo: Tierra del Fuego pasó a formar parte del lote de provincias dentro de la distribución secundaria, pero el porcentaje de CABA no se tomó de esa masa sino de la correspondiente a la Nación en la distribución primaria. Por tal razón, los porcentajes asignados a CABA deben ser recalculados si se los quiere comparar con el de cada una de las 23 provincias.
El 3,50% vigente hasta el 15 de septiembre del año pasado es equivalente al 5,70%, el 2,32% dispuesto desde entonces y hasta el 31 de diciembre representó en los hechos un 3,78% y finalmente el 1,40% que volvió a regir el 1° de enero es en realidad un 2,38%.
Los porcentajes asignados a CABA, a diferencia de los correspondientes a las provincias, pudieron ser modificados cuatro veces en los últimos cinco años porque no forman parte de la ley 23.548 sino que se los dispuso por decreto, precisamente por la ya señalada declaración de autonomía posterior a la sanción de la Coparticipación.
Ese status cambió con la aplicación de la nueva asignación por ley, pero aún subsisten las diferencias: la Coparticipación establecida en 1988 es una ley convenio y para su modificación se requiere el acuerdo unánime de las 25 partes (la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) y la adhesión de las 24 legislaturas, trámite que no es necesario en el caso de querer modificar la ley 27.606.
